El plan director del agua subraya en la Ribera la exigencia europea de recuperar los costes - NILSA

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Notas de prensa

2018

13 de marzo de 2018

El plan director del agua subraya en la Ribera la exigencia europea de recuperar los costes

“La totalidad de las personas participantes en este proceso consultivo sobre el Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano se muestra de acuerdo con el principio que exige la recuperación de costes: económicos, ambientales, de personal…”, explicó en Tudela el Director de Servicio del Agua del Departamento de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración Local del Gobierno de Navarra, Ángel Pino. 
 
La recuperación de costes se trata de uno de los principios establecidos en la Directiva Marco del Agua, de obligado cumplimiento por parte de los países miembros de la Unión Europea, y uno de los principales retos a los que ha de dar respuesta este plan director. En la actualidad ningún sistema de gestión en Navarra recupera lo que gasta, ya que hay partidas, como la amortización de las infraestructuras, que no se contemplan en las cuentas y otras, como los costes medioambientales, que a día de hoy ni tan siquiera se tienen en cuenta. Por estos motivos, Pino señaló que “queda un camino muy largo por recorrer, pero es necesario empezar ya, con este plan, aunque luego se revise la progresividad de los hitos propuestos o se alarguen plazos que pueden resultar muy ajustados. No podemos demorar más la cuestión del agua porque la Directiva Marco del Agua establecía 2010 como horizonte temporal y porque hay muchas cuestiones que deben ser resueltas”.  
 
Entre estas cuestiones surgieron también las que ya se han identificado en las reuniones territoriales anteriores (Baztan/Bidasoa, Sakana, Pirineos): la necesidad de contabilizar el agua no registrada, cuya media en Navarra oscila entre el 60% y el 70%; la obligatoriedad de estudiar y cuantificar con precisión los consumos (doméstico, industrial, dotacional, otros) para poder elaborar hipótesis sobre escenarios futuros; y la idoneidad de crear un ente gestor que coordine todo el ciclo del agua, ya que en la actualidad hay más de 200 entidades en toda Navarra con competencias en abastecimiento.    En este sentido, Iñaki Urrizalki, gerente de la empresa pública responsable de la redacción del plan, NILSA, recalcó que “una buena gobernanza pasa por ofrecer un servicio público, de calidad, homogéneo y eficaz a todos y todas, lo que implica un ente coordinador que establezca unos criterios y prácticas comunes, y un sistema de tarificación reglado, similar al que ahora existe en la depuración”. 
La veintena de asistentes a la reunión –en representación de entidades como la Junta de Aguas de Tudela, su Ayuntamiento, la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, la Mancomunidad de Agua de Cascante, Cintruénigo y Fitero, los ayuntamientos de Fontellas, Cortes, Cintruénigo, grupos empresariales conserveros, guarderío forestal y Consorcio EDER, entre otros–, subrayó, por su parte, “los esfuerzos que están haciendo en numerosos ayuntamientos, como Cortes, por poner contadores en todos los edificios y dotaciones públicas desde hace tres años para registrar todos los consumos de agua”. 
 
“El agua no registrada es sin duda el tema estrella del plan en toda Navarra”, reiteró Urrizalki, como ya había expuesto en la reunión del ámbito de Sakana, celebrada en Lakuntza, o en la del Pirineo, organizada en Lumbier, ya que es un tema que afecta por igual a todos los territorios de la Comunidad Foral, excepto a la Comarca de Pamplona, donde el registro del agua es más estricto y las redes están más concentradas, lo que facilita su seguimiento y supervisión.  Pino señaló que son los ayuntamientos y entidades con competencias en abastecimiento  quienes habrán de identificar dónde, cuándo y por qué se producen las fugas de agua –lo que facilitará saber cuánto cuesta realmente el agua en cada lugar–, ya que no es competencia del Gobierno de Navarra, si bien las y los asistentes reclamaron ayudas económicas para esta tarea por parte del Ejecutivo Foral.
 
Finalmente Urrizalki abundó en la idea de recuperación de costes, recalcando un concepto incluido en la Directiva Marco del Agua llamado “coste-eficacia”: se trata de realizar un análisis económico que contenga información suficientemente detallada para estudiar la combinación más rentable de medidas a tomar sobre el uso del agua, basándose en las previsiones de los costes potenciales de dichas medidas. “De esta forma, el análisis coste-eficacia supone una herramienta para diseñar y seleccionar actuaciones en cada demarcación”, subrayó. Tanto este concepto, como el de que el ciclo del agua funcione de forma autónoma, generando unos ingresos que cobran todos sus costes, están interiorizados en un plan que contempla la buena gobernanza y la tarificación eficaz como dos objetivos ineludibles y prioritarios.  
 
Dos últimos encuentros
 
Las próximas reuniones tendrán lugar en el ámbito de la Comarca de Pamplona (Pamplona, 13 de marzo) y Mairaga (Tafalla, 14 de marzo). Durante su transcurso se dará respuesta a las sugerencias, quejas y otras comunicaciones recibidas en las últimas tres semanas por parte de instituciones, colectivos y ciudadanía a través de la web de Gobierno Abierto, así como a las peticiones que surgieron en las reuniones de la fase inicial, que se celebraron entre el 24 de enero y el 9 de febrero, con la salvedad de Mancomunidad de Montejurra, cuyas reuniones no han tenido todavía lugar, dado que se está valorando un estudio sobre el bombeo de agua desde la sierra de Lokiz. Una vez se tengan las conclusiones de este estudio, se celebrarán rápidamente ambas reuniones y se procederá a establecer la reunión final de retorno para toda Navarra. 
 
Tras esta reunión se presentará el documento de versión inicial del plan director definitivo, junto con el correspondiente estudio ambiental estratégico. Tras el periodo de exposición pública (45 días hábiles) y las conclusiones que se extraigan, el Gobierno de Navarra podrá proceder a la aprobación del plan y a los trámites parlamentarios para la redacción del proyecto de ley. 
 
El plan prevé un horizonte temporal de implantación de dos sexenios, que comenzarán en 2019 y terminarían en 2030. Cada sexenio tiene sus propios hitos, que serán revisados en función de las posibilidades de cada entidad local y de los recursos que el Gobierno de Navarra pueda poner a disposición de las localidades.