El proceso de retorno del Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano contempla seis reuniones territoriales del 5 al 14 de marzo - NILSA

El proceso de participación del Plan director del ciclo integral de agua de uso urbano 2019-2030 continúa con seis reuniones de retorno que tendrán lugar en Bidasoa-Baztan (Bertiz, 5 de marzo), Sakana (Lakuntza, 6 de marzo), Pirineo (Lumbier, 7 de marzo), Ribera (Tudela, 12 de marzo), Comarca de Pamplona (Pamplona, 13 de marzo) y Mairaga (Tafalla, 14 de marzo). Durante su transcurso se dará respuesta a las sugerencias, quejas y otras comunicaciones recibidas en las últimas tres semanas por parte de instituciones, colectivos y ciudadanía a través de la web de Gobierno Abierto, así como a las peticiones que surgieron en las reuniones de la fase inicial, que se celebraron entre el 24 de enero y el 9 de febrero, con la salvedad de Mancomunidad de Montejurra, cuyas reuniones no han tenido todavía lugar, dado que se está valorando un estudio sobre el bombeo de agua desde la sierra de Lokiz. Cuando se obtengan las conclusiones definitivas sobre este informe, se convocarán ambas reuniones: la deliberativa y la de retorno. 
 
El objetivo del proceso participativo es hacer llegar el Plan Director a toda la población y recoger todas las propuestas o explicar por qué se han descartado. Por este motivo las reuniones, que comenzarán a las 16.30 horas, están abiertas a cargos institucionales y también a cualquier ciudadano y ciudadana que tenga interés. La participación en las reuniones deliberativas fue de 308 personas (220 hombres y 85 mujeres), de las cuales 181 (129 hombres y 52 mujeres) acudieron a las reuniones territoriales, mientras que el resto (88 personas: 66 hombres y 22 mujeres) participó en las tres temáticas, celebradas en Pamplona el 26 de enero, 2 y 9 de febrero. 
 
Durante la primera fase del proceso, cada territorio tuvo ocasión de exponer su casuística particular, por lo que las reuniones de retorno se realizan de nuevo en las mismas zonas y sedes para responder a cada caso, si bien existen aspectos comunes, como el régimen tarifario y la economía del agua. En estas dos cuestiones, se ha abordado la necesidad de recuperar el 100% de los costes del servicio, hecho que en este momento no sucede en ninguna localidad. Ante esta necesidad, regulada por la normativa europea en la Directiva Marco del Agua, las entidades han reclamado estudios previos tanto de la situación actual como de las posibilidades de implantación de un nuevo sistema tarifario o modificación y ampliación del actual, así como la conveniencia de establecer criterios comunes. 
 
Actualmente, el coste real del servicio tanto en abastecimiento como en saneamiento es desconocido, ya que, por ejemplo, gastos como la amortización de las infraestructuras no se contemplan a la hora de elaborar las estimaciones por parte de los entes locales. Uno de los objetivos del plan es cuantificarlos. 
 
En cuanto a la gobernanza, la mayoría de las aportaciones realizadas abogan por una gestión integral del abastecimiento y saneamiento, que sea llevada a cabo por entes supramunicipales. En estos momentos, existen zonas con este tipo de gestión desde Pamplona hacia el Sur –Comarca de Pamplona, Montejurra, Mairaga, Valdizarbe, Sangüesa, Aguas de Tudela, Mancomunidad de Moncayo y Mancomunidad de Cascante, Cintruénigo y Fitero– pero en otras –zona Norte en general, con excepciones como Sakana y Malerreka– las competencias recaen en ayuntamientos y concejos, que tienen menos recursos. En la actualidad son más de doscientas las entidades que prestan el servicio del ciclo integral del agua de uso urbano, lo que supone muchas diferencias en los recursos, las tarifas y la gestión. Una gestión homogénea para toda Navarra evitaría disparidades y aseguraría la misma calidad en el servicio. En cualquier caso, la futura gobernanza quedará supeditada a la Ley de Reforma de la Administración Local, actualmente en trámite parlamentario.
 
Por otra parte, el Plan ha subrayado que la ineficiencia en el suministro y el derroche en el consumo deben ser contrarrestadas con diferentes medidas, incluyendo la penalización de las malas prácticas, cuestión que ha sido respaldada por unanimidad.
 
En este sentido, se pone de manifiesto el alto porcentaje de agua no registrada en muchos municipios, que en algunos casos supera el 70% del total, sin que en ningún caso de toda Navarra sea menor del 10%. Para combatir este hecho, que sucede debido no solo a fugas por deterioro de las redes, sino también por tomas incontroladas, el Plan ha elaborado una lista de 45 localidades prioritarias, principalmente en la zona Norte (Bera, Lesaka, Etxalar, Doneztebe/Santesteban, Alsasua, Irurtzun, Lakuntza, Olazti/Olazagutía, Arakil, Arbizu…). El objetivo es estudiar cada caso y elaborar un plan concreto de actuaciones específicas para cada una, que contará con el respaldo financiero de los planes de inversión para entidades locales, que cofinanciarán inversiones para renovación de redes. Se trata de una cuestión prioritaria, ya que el plan establece que en 2024 la media de eficiencia de todas las redes navarras ha de superar el 75% (lo que supondría un máximo de 25% de agua no registrada), porcentaje que en 2030 asciende hasta el 80%. 
 
La obtención de los datos de agua no registrada resulta especialmente complicada, tanto por su existencia al margen de los registros como por la falta de información de 154 entidades de toda Navarra, que no han aportado datos durante la elaboración de los informes. Si bien hay que señalar que estas entidades únicamente representan el 9% de la población total. Con el resto de la información y a raíz de las intervenciones durante las reuniones deliberativas, se ha decidido estudiar la posibilidad de que el agua no registrada se calcule en función de la longitud y ramificación de las redes y no solo basándose en el volumen. En cualquier caso, el plan prevé un exhaustivo control de datos en el futuro por parte de todas las entidades y una supervisión final por parte del Gobierno de Navarra.
 
En cuanto a las perspectivas de futuro, una de las mayores inquietudes subrayada por las entidades locales en las reuniones deliberativas es la demanda de agua que representarán los desarrollos urbanísticos. Esta cuestión, junto con las opiniones de organizaciones sociales al respecto -que los consideran injustificados- se va a estudiar antes de presentar la nueva versión del plan, que será nuevamente sometida a información pública durante 45 días.